(Un Análisis)
SAN JUAN DE LA MAGUANA.- El Ministerio Público y la Policía Nacional con frecuencia anuncian en conjuntos acciones con el objetivo de reducir los hechos de violencia en la provincia San Juan, pero luego todo queda en el olvido y la vida continúa su agitado curso.
Esos anuncios del Ministerio Público y la Policía Nacional, son catalogados por los ciudadanos como puro figureo en los medios de comunicación, ya que a su entender no hacen nada para modificar favorablemente esa situación.
La aplicación de la ley en cada caso comienzan a ser ejecutada en los primeros días que le siguen a los anuncios, pero al pasar poco tiempo todo el mundo hace lo que le da la gana, la vigilancia y acción de las autoridades duermen un apasible sueño, desbordándose nuevamente las violaciones para volver a realizar nuevos anuncios de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
En esta ciudad es recurrente las balaceras en establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y en espacios públicos, con saldo de heridos y muertos, así como accidentes automovilísticos, por la excitación que provocan las bebidas alcohólicas en individuos armados y en menores de edad.
El personal de la Secretaría de Medio Ambiente, incauta bocinas en los lugares de debidas alcohólicas durante los primeros días posteriores a los anuncios, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental por ruidos y los hechos de violencia en esos lugares, pero se trata de un hecho aislado y luego se olvidan de continuar la vigilancia y acción contra esos ruidos contaminantes del ambiente.
Lo mismo ocurre con las motocicletas y automóviles, los cuales carecen de mofflers (tubos de escapes) o los modifican para que resuenen hasta ensordecer a los ciudadanos, situación que provoca sobresaltos, malhumor y distintas molestias, que en definitiva afectan la salud de la población.
También en esos encuentros de la prensa con el Ministerio Público y la Policía Nacional, participan los encargados de diferentes departamentos del tren judicial, pero en otras ocasiones no acuden a los mismos.
Por lo regular, hablan por la fiscalía el doctor Pedro Antonio Mateo Ibert, mientras por la institución que debe guardar por el orden público lo hace el director regional Oeste de la Policía Nacional, en estos momentos, el general de brigada Manuel Gerardo Rodríguez Miranda.
Se recuerda que el Ministerio Público ha hecho esos encuentros con todos los generales que han pasado por la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional, y la población en sentido general no ha visto ninguna reducción de esos delitos ni las sanciones correspondientes en la proporción en que demandan las circunstancias.
Asimismo se informa, en esas infructuosas reuniones, que se tomarán medidas estrictas con la entrada de menores de edad a los lugares de debidas alcohólicas, pero estos entran y salen a esos establecimientos como Pedro por su casa. Incluso, en esos lugares no se nota la presencia de la policía ni de ningún representante del Ministerio Público para evitar el acceso o sacar de esos lugares a los menores de edad.
También las autoridades policiales y judiciales hablan de impedir que a los lugares de expendio de bebidas alcohólicas entren personas portando armas de fuego, no obstante esa advertencia, muchos ciudadanos exhiben de forma ostentosa pistolas y revólveres irrespetando la regulación que lo prohibe, lo que provoca muertos y heridos en las riñas que se escenifican.
Lo que entienden los ciudadanos, cuando se anuncia que se aplicarán las regulaciones de ley para los ruidos de altos decibeles, porte de armas de fuego y blancas y acceso de jóvenes a los bares, colmadones y centros de expendio de bebidas alcohólicas en general, que se trata de un figureo periodístico de parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.
La gente se pregunta: ¿Y cuándo será el próximo encuentro de las autoridades para tratar esos asuntos?
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