FUENTE: DESPIERTA EL SUR
SAN JUAN DE LA MAGUANA, República Dominicana.– Padres y tutores del Centro Educativo del Nivel Básico e Inicial Cristo Rey, en esta ciudad, alzaron su voz para denunciar la imposición de un cobro mensual de 200 pesos por cada estudiante inscrito, bajo el alegato de que dichos fondos serían utilizados para el mantenimiento del plantel escolar.
Según relataron los denunciantes, el cobro fue comunicado durante una reciente reunión encabezada por el sacerdote responsable del centro, quien también funge como director del plantel.
Los padres afirman que, al cuestionar la legalidad y justificación del pago, fueron objeto de expresiones humillantes por parte del religioso.
“Nos dijo que los padres sí encuentran dinero para comprar alcohol y que las mujeres solo piensan en ponerse uñas”, expresó una madre visiblemente molesta, calificando los comentarios como ofensivos, clasistas y completamente inaceptables.
“Nosotros mandamos nuestros hijos a una escuela pública, y lo que recibimos es maltrato”, agregó.
El centro Cristo Rey, aunque pertenece a la red pública de educación, es administrado por la Iglesia Católica desde que fue entregado mediante un acuerdo institucional durante la gestión del expresidente Danilo Medina.
En el mismo recinto también funciona una estancia infantil privada que ofrece servicios de nivel pre-kínder.
Padres y madres aseguran que el cobro mensual carece de sustento legal y representa una carga económica para familias de escasos recursos, contradiciendo el principio de gratuidad de la educación pública establecido por el Ministerio de Educación.
Asimismo, denuncian falta de transparencia en el manejo administrativo del centro y aseguran que no reciben detalles claros sobre el destino de los fondos recolectados.
Como forma de presión y protesta, varios tutores han optado por retirar a sus hijos del plantel, mientras exigen la intervención urgente del Ministerio de Educación (@EducacionRD) para investigar esta situación, detener los cobros arbitrarios y garantizar el respeto a la dignidad de las familias.
Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre esta problemática que afecta a decenas de niños y niñas de la comunidad.
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